Por primera vez, los juzgados de Puerto Aysén y Punta Arenas acogieron a trámite querellas criminales por la muerte de dos ballenas jorobadas en áreas protegidas. La acción legal, presentada por la comunidad Kawésqar y Greenpeace, investiga la responsabilidad en la muerte de los cetáceos ocurrida en octubre, aprovechando los cambios a la Ley 21.595 que fortalecen la justicia ambiental.
Las querellas apuntan a impactos de la salmonicultura, incluyendo colisiones, contaminación y competencia con fauna nativa. Este precedente busca asegurar la protección de áreas protegidas y sus especies, marcando un hito en la lucha por la justicia ambiental en Chile.